El código urbano del Estado de Jalisco: este problema no es nada nuevo

Por: Mónica Pérez Taylor
Periódico Mural

Cuando inició el sexenio de Emilio González Márquez éste convocó de inmediato a la Gran Alianza en la cual participaron diversos sectores de la sociedad en foros regionales y en mesas de trabajo que permitieron elaborar el Plan Estatal de Desarrollo 2030. No fui convocada. Si acudí en pocas ocasiones a la mesa del medio ambiente fue por mi amigo Salvador Mayorga. Me dijo: “hace falta gente como tú”, pues el Gobierno había tenido el cuidado de no invitar a escépticos radicales como uno, y no les falta razón.

En una de las pocas reuniones a las que asistí, logré colocar en la agenda el tema del cambio climático para la zona metropolitana de Guadalajara. Luego supe que había ocasionado gran escándalo en la siguiente reunión, a la que por suerte no fui: no se discutiría el cambio climático y punto. No estuve dispuesta a darle una áurea plural y diversa a algo acotado de antemano. Dejé de ir.

Y no era sólo intuición. Luego supimos que, para sus propósitos, el Gobierno del Estado había contratado los servicios del centro privado Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) y que en una sesión en la mesa de desarrollo social, los asistentes escucharon decir al asesor del Imco, Francisco Fernández Castillo, de origen español que “hay que privatizar el petróleo”; que “el gasto social es costoso y no ayuda a la competitividad”; que “los países compiten por inversiones” por lo que “las políticas públicas deben estar orientadas, centralmente, a atraer capitales privados para promover el desarrollo”. ¿Cuál desarrollo, se pregunta uno, tras 26 años de privatizaciones? En fin. También dijo que el desarrollo sustentable no debería ser una prioridad en Jalisco. Eso vienen a aconsejarnos y lo peor es que les hacemos caso y hasta les pagamos por ello (Público, 20/08/07).

No se elaboró un Plan Estatal de Desarrollo, sino un proyecto hecho a la medida de los inversionistas privados. Se pusieron en primer plano objetivos y programas relacionados con la promoción económica y la atracción de inversión privada, por encima de objetivos como los del desarrollo sustentable, políticas sociales y derechos humanos que quedaron relegados y no tienen prioridad en el PED 2030. Estamos fritos.

¿Y por qué traigo todo esto a colación? Para que quede claro que lo único que interesa es atraer la inversión privada y lo demás, es lo de menos. Y es en ese mismo contexto que se tratará de aprobar en la próxima sesión ordinaria del Congreso de Jalisco el Código Urbano.

Somos impotentes testigos de cómo, a diario, los funcionarios municipales violentan las leyes y reglamentos para autorizar todo tipo de construcciones y que han hecho de la Ciudad un caos. De aprobarse el código ese, lo que nos espera es la total anarquía, pues se estaría legalizando lo ilegal. O, como dice el sátrapa de Zapopan, Sánchez Aldana: son permisos irregulares pero “legales”. ¡Sí, Chucha!

No es un código, “es una ley adicionada, cercenada y revolcada” que abrogará el actual reglamento, comentó Ludger Kellner durante la Jornada de Análisis sobre la Propuesta Legislativa del Código Urbano para el Estado de Jalisco.

Entre las muchas y sesudas observaciones que el Parlamento de Colonias (aglutina a más de 200 colonias de la Zona Metropolitana de Guadalajara) entregó al Congreso local para modificar el Código Urbano antes de que se someta a votación apunto: limita la participación ciudadana al derecho de petición y a las consultas. Ignora la protección al medio ambiente; no establece sanciones a funcionarios corruptos; no hay espacio para proposiciones activas de la sociedad civil; no establece las condiciones para proteger los edificios catalogados como patrimonio de la ciudad; no ofrece medios o instrumentos para proteger y defender a los ciudadanos contra las afectaciones a causa de intereses económicos de inversionistas o autoridades sin escrúpulos. Borra las zonas de recargas acuíferas e ignora las zonas de amortiguamiento ecológico. Se deja fuera de la legislación la Agenda 21, formulada por la ONU y suscrita por México, con el fin de que las ciudades elaboren planes y acciones para afrontar los retos socioambientales del siglo 21.

El diputado panista Iván Argüelles Sánchez, dice que el Código Urbano “quedará aprobado en la próxima sesión ordinaria y no habrá marcha atrás”. “Que las leyes son tarea de los legisladores, no de los ciudadanos comunes”. “Que los ciudadanos deben quedarse en su lugar y dejar que los políticos -él, y los suyos- hagan lo suyo. Están fritos.

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